Anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal: nuevas medidas adoptadas | Juan Ferrer

Anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal: nuevas medidas adoptadas

Valencia, 25 de junio de 2012

 

Estimados amigos,

Hoy ha sido publicado el Anteproyecto de Ley de Modificación de la normativa tributaria y Presupuestaria y de adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha Contra el Fraude (1), con el objeto de reforzar las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal.

A continuación, pasamos a resumir las principales medidas contenidas:

* Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo de operaciones donde participen empresarios o profesionales. Se condonará la sanción a la parte que denuncie los hechos.

* Nueva obligación de información para los contribuyentes, particulares o no, que deberán informar sobre las cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero. Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito. Se declara la imprescriptibilidad de las rentas respecto de las que se haya incumplido la mencionada obligación de información.

* Se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares y a los que obtengan más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales.

* Se establece el mecanismo de inversión del sujeto pasivo con el objeto de asegurar el ingreso del IVA en operaciones de entrega de inmuebles como consecuencia de un proceso concursal.

* El Proyecto de Ley facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias.

Como puede observarse se trata de un conjunto de medidas en las que se mezclan nuevas obligaciones para los contribuyentes, con limitaciones a regímenes especiales en los que tradicionalmente se ha ubicado el fraude, así como nuevas prerrogativas y facultades de la Administración tributaria tendentes al aseguramiento del cobro de la deuda tributaria.

Este paquete de medidas, de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, viene a complementar el régimen regularización de rentas ocultas aprobado el 30 de marzo, por el que se pretende la declaración de ingresos procedentes de la economía sumergida y su incorporación a la economía regular antes del 30 de noviembre, de modo que se perfila como una última oportunidad para los contribuyentes antes de que se inicie un régimen más duro.

ACTIVOS LOCALIZADOS EN EL EXTRANJERO

En relación con los activos localizados en el extranjero (todo tipo de títulos, activos y cuentas en entidades financieras, así como valores o seguros de vida y como novedad también los inmuebles) la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero.

La obligación tiene un ámbito general ya que afecta tanto a particulares como a empresarios o profesionales, cuando las obligaciones de información han sido tradicionalmente impuestas a estos últimos y por otro lado, afecta tanto a los titulares como a posibles beneficiarios o a los que figuren como autorizados. En el caso de los beneficiarios y autorizados, en ocasiones éstos no conocen tal condición por lo que no debería exigirse tal cumplimiento.

Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito. Por último, no sólo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes o derechos no incluidos en la declaración informativa.

Se establece un régimen sancionador un tanto difuso ya que considera una sanción 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, con un mínimo de 10.000 euros, sin que quede definido qué se considera como dato y qué, como conjunto de datos.

PAGOS EN EFECTIVO

Se incorpora una limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones, tomando en consideración lo hecho en otros países vecinos como Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo cantidades iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25 por 100 del valor del pago hecho en efectivo  y además se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para estas infracciones, esto es, responde en iguales términos tanto el que paga como el que cobra. Adicionalmente, se establece un causa exculpatoria de tal responsabilidad, la denuncia, de modo que si una de las partes que ha intervenido en el pago denuncia a la otra, la Administración tributaria no le aplicará sanción alguna.

MÓDULOS

El anteproyecto recoge también modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos, quedarán excluidos aquellos que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año (afecta a la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera).

Como novedad respecto del texto publicado en abril, también quedarán excluidos aquellos que obtengan rendimientos procedentes de otros empresarios o profesionales por importe superior a 225.000 euros.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Además de las medidas previstas para los regímenes de módulos que paralelamente aplican al IVA, se establece el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculada a ciertas operaciones inmobiliarias, evitándose con ello el doble perjuicio para la Administración por la falta de ingreso del IVA repercutido y por la deducción del soportado.

En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por IVA con anterioridad a dicha declaración no podrá ejercitarse en liquidaciones posteriores, de modo que lo operado antes del concurso no se verá afectado por la norma concursal.

RECAUDACIÓN

Se establece una batería de medidas encaminada a garantizar y fortalecer el derecho de cobro dela Hacienda Pública, mejorando sustancialmente los derechos de ésta en relación con los embargos de bienes y derechos en entidades de crédito y estableciendo una prohibición de disposición de inmuebles de sociedades en las que se ha embargado participaciones en más de la mitad del capital social.

Se establecen medidas para persuadir a aquellos contribuyentes que intentan eludir sus obligaciones fiscales mediante el aplazamiento del pago de la cuota, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio. En particular se elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de créditos en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público y se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, que realizan autoliquidaciones recurrentes sin ingresos por determinados conceptos con un ánimo defraudatorio.

Así mismo, con la nueva ley las medidas cautelares podrían adoptarse en cualquier momento del procedimiento comprobación (hasta ahora se requería que existiese una propuesta de liquidación).

Por otro lado, se incrementan las garantías que es necesario aportar para que se suspenda la ejecución de un acto impugnado, a fin de que éste cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles, de modo que con la nueva ley será más caro obtener la suspensión.

Por último, se introducen modificaciones en el régimen de prescripción de los derechos y acciones de la administración tributaria con la misma finalidad, proteger el crédito tributario.

En cualquier caso, se trata del anteproyecto de ley por lo que habrá que estar pendiente de la redacción definitiva a los efectos de calibrar correctamente las consecuencias del mismo.

Juan Ferrer   jferrer@jjlabogados.com

 

2 Comentarios | Leído 1410 veces

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2 Respuestas a “Anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal: nuevas medidas adoptadas”

  1. Pedro Espinosa dice:

    Magnífico resumen Juan. Pero, como bien dices, ¿hay que esperar aún a la publicación de la ley? Es decir, aún no ha entrado en vigor, verdad?

    Un saludo

  2. En la cuestión de la prohibición de pagos en efectivo superiores a 2.500 € más que de responsabilidad solidaria deberíamos hablar de doble sanción, porque no se trata de que ambos obligados respondan del pago del total de la sanción, sino que se sanciona a los dos, cada uno con su multa correspondiente.

Enviar Comentario Antonio González

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